Se utilizaba el término Trata de Blancas debido a que las mujeres de Europa eran vendidas hacia países Árabes y Orientales, no obstante, es un término superado y desactualizado debido a que engloba solo ciertas características de una población.

Se documenta el Comercio Interno de Mujeres, permitiendo visualizar que las víctimas no solo eran mujeres sino también personas menores de edad de ambos sexos y hombres mayores de edad.

Se crea el Protocolo de Palermo (para prevenir, suprimir, y castigar la trata de personas, especialmente mujeres y niños) y que complementa la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada Transnacional). Ratificado por Ley 8302 del 12-09-02, publicado en La Gaceta N°123 del 27-06-03.

El Protocolo de Palermo estandariza la terminología y los conceptos relacionados con el crimen organizado, promueve la cooperación internacional y sirve de base común para los marcos nacionales de control de la delincuencia. Este protocolo está firmado por 163 países, entre ellos Costa Rica.

El Artículo 3 inciso a) del Protocolo de Palermo indica:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”

Siendo así que el proceso de Trata de Personas propuesto en este artículo, se resume de la siguiente manera:

PROCESO

• Reclutar
• Encubrir
• Transportar
• Obtener a una persona

MEDIOS

CON:
• Fuerza
• Fraude
• Coacción
• Engaño

META

Con el propósito de:
• Explotación
• Esclavitud

El 8 de febrero del 2013 se publica la Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (CONATT), Ley N°9095, en el Alcance Digital N°27 de La Gaceta N°28, mediante el cual Costa Rica reitera su compromiso a nivel internacional, al crear un instrumento normativo que permita al Estado garantizar los derechos de las víctimas-sobrevivientes del delito de trata de personas.

El Reglamento de la Ley N°9095, se publica en el Alcance Digital N°99 de la Gaceta N°227, del lunes 23 de noviembre del 2015.

Se reforma el artículo 5 de la Ley 9095, sobre el concepto de Trata de Personas, que indica:

“Por trata de personas se entenderá, la acción en la que mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil o forzado, adopción irregular, mendicidad forzada, embarazo forzado y aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual.

Tratándose de personas menores de edad, la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción, se considerará trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguna de las circunstancias descritas en el primer párrafo de este artículo.

También se entenderá por trata de personas, la promoción, facilitación, favorecimiento o ejecución de la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita”.